El gobierno de Mauricio Macri decidió, mediante
una resolución del Ministerio de Energía, eliminar la tarifa social, que
protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de
vulnerabilidad. La
medida establece la eliminación
del beneficio mediante su traspaso a las Provincias.
Se trata de una medida complementaria del traspaso de las concesiones y,
en los hechos, deja alrededor de un 30% de
usuarios del distrito sin el beneficio, al menos hasta que el
gobierno de Vidal, si así lo decide, instrumente una medida que significará un
desembolso extra de subsidios.
La quita del beneficio será un impacto demoledor
que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de
septiembre, que promediará un 30 por ciento para los usuarios
residenciales.
“Desde la OMIC tenemos una enorme preocupación, ya
que día a día se incrementan las consultas de los vecinos para poder acceder a
la tarifa social por los aumentos garrafales de los servicios, así como las
solicitudes de inscripción a la misma. Esta decisión tendrá un efecto arrollador en muchos casos, hay situaciones
que son excesivamente vulnerables. Es un problema muy serio, claramente la
medida generará más pobreza y peores condiciones de vida”. Expresó la titular
de la OMIC, Dra. Sofía Girón.
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